Conarroz califica ataque a la institucionalidad proyecto que busca su cierre

- Bancada Liberal Progresista propone proyecto 23951 para el cierre de la institución que agremia a los productores arroceros costarricenses.
- Diputado Jorge Dengo Rosabal y la bancada del PLP, se basan en argumentos contradictorios a la ley especial 8285 para sustentar dicho cierre, además, de sacar de contexto los procesos democráticos de los productores.
- Proyecto de ley sería afín a favorecer importadores, que debilitan cada vez más al agro costarricense.
El diputado de la bancada del Partido Liberal Progresista elaboró un nuevo proyecto que pretende el cierre de la Corporación Arrocera Nacional, que por ley especial existe desde 2002 como institución que fue creada para velar por todo lo relacionado con el arroz en Costa Rica.
Y es que en nuestro país está declarado de interés público lo relativo a la investigación, el mejoramiento genético, la transferencia tecnológica, la producción, el beneficiado y el mercado del arroz en Costa Rica y por ende, el país optó en 2002 por crear una institución que sería la encargada de velar por dicho interés público.
La Corporación Arrocera Nacional ha sido una institución, como pocas en su modelo de ente público no estatal, que ha cumplido con las funciones para lo que fue creada, y en ese aspecto el tema productivo, es uno de los tantos temas, y no menos importante que todos los demás que están conferidos en la ley 8285, ley de creación de dicha institución.
Ante la pregunta: ¿Se puede mejorar Conarroz?, la respuesta siempre ha sido, sí. Pero para el PLP, parece que es mejor dejarles la vía libre a los importadores de arroz lo cual no sorprende, que dejar los encadenamientos productivos, generadores de empleo en zonas rurales, solos y sin defensa, para peligrosamente sustituirlos por arroz importado de grandes empresarios de la GAM.
El ordenamiento del mercado arrocero, para asegurar el abastecimiento del grano, ha sido fundamental dentro de las acciones de la institución.
Hoy, Costa Rica goza de un excelente control estadístico de las áreas de siembra real a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, y cuando se ha requerido elevar la recomendación de requerimiento de grano que necesita el país para su debido abastecimiento, ahí ha estado Conarroz para proporcionar, con gran profesionalismo y exactitud, las mejores recomendaciones técnicas al ejecutivo; claro está poniendo siempre de primero a los consumidores y a la producción nacional, la cual a pesar de todas las condiciones adversas y nulas políticas de apoyo venía recuperándose hasta los últimos acontecimientos políticos.
Durante la pandemia, la institución, realizó las advertencias y gestiones para que el país se mantuviera abastecido con el menor impacto por los aumentos en costos internacionales, en un momento en donde las existencias de arroz estuvieron comprometidas, por las compras de pánico y por las restricciones de las exportaciones en el mercado internacional.
Conarroz, mediante el seguimiento y conocimiento de las estadísticas nacionales como internacionales, junto con el gobierno de turno, trazaron las acciones necesarias para que no faltara el arroz en las mesas de los consumidores.
Faltó el papel higiénico, pero nunca faltó arroz. El consumidor constituye una piedra angular para la institución.
Por otro lado, y no menos importante, la Corporación Arrocera Nacional es una de las pocas instituciones agrícolas que ordenadamente mantiene el espacio democrático para el productor nacional y agroindustrial, permitiéndoles una participación, con voz y voto así como proporcionando defensa de una actividad agrícola que es absolutamente sensible y estratégica para Costa Rica.
Por esa razón Conarroz, durante los últimos años, ha dedicado parte de su presupuesto y tiempo en defender al sector de ataques políticos, y dar a conocer la importancia que revierte el sector arrocero para la seguridad alimentaria y nutricional del costarricense.
Es claro que la defensa de un sector agrícola ante fuerzas políticas, conllevan a este tipo de iniciativas que atentan contra la institucionalidad.
Desde Conarroz elevamos una advertencia a las demás bancadas de la Asamblea Legislativa; el cierre de Conarroz constituiría otro golpe fuerte contra la agricultura costarricense, cada vez más debilitada, siendo todo lo contrario a esas acciones lo que el país debe ejecutar.
En momentos en que hemos visto la fragilidad en las cadenas de suministros internacionales, con la pandemia y conflictos geopolíticos, que vienen desde hace varios años limitando el adecuado abastecimiento de los alimentos de primera necesidad a nivel global, es cuando el país debe apostar aún más por la promoción de la actividad agrícola interna y tratar de ir dejando de lado la enorme dependencia de alimentarnos a partir de importaciones y mercados internacionales inciertos y con gran volatilidad, situación que vamos acrecentando con políticas públicas y proyectos como el 23951 que son contrarios a la producción local.
Conarroz al igual que otras instituciones agrícolas merecemos el respeto político debido. Ya está bien de ataques con intenciones destructivas, que desgastan una institución técnica que ha tenido que dedicar parte de su presupuesto y tiempo en defenderse de ataques, como los proferidos en el proyecto 23951 por el señor Dengo Rosabal.
El país requiere de diputados constructivos que apoyen la reinversión y no solo el fomento de importaciones.
Como institución comprendemos la necesidad de mejora; esperamos que las señoras diputadas y señores diputados de la república apoyen el proyecto de actualización y mejora de la Ley 8285 de Conarroz que está próximo a ser presentado en la corriente legislativa, el cual, mejorará las condiciones para apoyar al productor nacional, en apego a la protección del consumidor, de vicios del mercado.