La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) considera crítica la decisión tanto de la Contraloría General de la República (CGR) como de la Sala IV, de suspender la ley N°9966, “Ley de Apoyo a Beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo ante Emergencia por COVID-19”, la cual pretende la reactivación de más de 2700 pequeños y medianos productores que no pueden pagar sus deudas al sistema bancario nacional.
Esta situación pone en vilo a miles de familias de zonas rurales, ya que, como parte de las medidas, se estableció la devolución de fincas ya rematadas a pequeños productores agropecuarios, que no han logrado hacer frente a los compromisos económicos por la difícil situación que enfrentan.
“Los pequeños y medianos productores han sido golpeados por muchas situaciones en los últimos años.
Han sufrido por la caída de mercados, tanto nacional como internacional; el aumento en el precio de insumos y combustibles y la depreciación de la moneda.
A esto también se suma la crisis económica generada por la Covid-19.
Pese a todas estas dificultades así los productores han continuado generando el alimento que todos consumimos.
¿”Cómo podrían seguir haciéndolo, si pierden sus tierras para cultivar”?, enfatizó el presidente de la CNAA, Francisco Muñoz.
La Sala IV acogió el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Contraloría General de la República (CGR), en contra del artículo 2 y el transitorio único de la Ley, y se solicitó una medida cautelar para que se suspendieran los actos relacionados con estas disposiciones legales.
La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria hizo un llamado a las autoridades competentes para que apoyen a los pequeños y medianos productores del país y que con esto se pueda garantizar la seguridad alimentaria de los costarricenses.
