Política

Terremoto de corrupción

La redada policial que realizan agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por casos de corrupción saca a flote una recurrente y despreciable práctica que no es de ahora, sino  de cada gobierno, el binomio funcionarios y empresas constructoras.

Los agentes judiciales investigan  delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, malversación de fondos, estafas y falsedad ideológica.

Para traducirlo a un lenguaje más popular,  a los funcionarios involucrados se les permitía obtener dinero, vehículos, viajes, favores sexuales y todo aquello que ustedes puedan imaginarse para que alguna empresa pudiera verse beneficiada

De acuerdo con el director del OIJ, Walter Espinoza, es el enlace típico de corrupción que se ha visto en otros países en la que un grupo de empresarios, empresas muy fuertes y que además tienen posibilidades amplísimas de actuación, se acercan a funcionarios públicos, le ofrecen dávidas, regalías y afectan la integridad de personas”.

Pero lo peor del caso es que siempre los actores son los mismos.  Entre las empresas allanadas en esta oportunidad son: Meco, H. Solís, Cacisa y Constructora Herrera.

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La ciudadanía se hace la misma pregunta ¿por qué no se les elimina las licencias de proveedores, tal como se hacen en otros países donde la corrupción se combate con Cero Tolerancia.

El Consejo Nacional de Vialidad, amén de que no funciona, se ha convertido en un nido de funcionarios corruptos con un edificio pulcro, pero lleno de inmundicia.

En un operativo que inició desde muy temprano, el OIJ y la Fiscalía iniciaron el allanamiento de 57 lugares, en los cuales se pretende detener a 32 personas, entre quienes figuran funcionarios y empresarios por un caso de corrupción en contratos de conservación y mantenimiento vial.

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De acuerdo con el Director del OIJ, Walter Espinoza, los involucrados habrían recibido  favores y sobornos constantes, que se mantenían en el tiempo.

Casa Presidencial de puertas abiertas ante investigación

“Casa Presidencial ha dado y dará toda la colaboración a las autoridades judiciales en la diligencia de investigación que están realizando en busca de recabar elementos que puedan tener relación con el objeto de análisis de dicha investigación.

Reiteramos la profunda convicción de que la gestión pública debe darse con estricto apego a las normas legales y éticas.

En aplicación de esa convicción, se facilita y facilitará a las autoridades cualquier información o documentación que pueda resultarles de utilidad para determinar los hechos en la investigación que desarrollan”

Asesor de Carlos Alvarado entre los sospechosos.

Camilo Saldarriaga, expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, (2012) figura en la lista de sospechosos del OIJ

Esta persona figuró también como gerente de Campaña del Partido Acción Ciudadana.

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