(Editorial) Arroceros sostienen desde el campo la seguridad alimentaria de Costa Rica
A medida que avanza la pandemia y los cambios climáticos amenazan con mermar la producción de productos alimenticios, surge la necesidad de que Costa Rica cuente con políticas públicas fuertes que den sostenibilidad a la seguridad alimentaria.
Hoy se dan dos fenómenos que deben tomarse en cuenta; los paises golpeados por la Covid-19 cierran las fronteras a las exportaciones para asegurarse sus alimentos, mientras que países deficitarios en producción empiezan a sentir un desabastecimiento sin opción a comprar en el extranjero; aún teniendo el dinero necesario.
La soberanía alimentaria empieza por robustecer a la agricultura y no es un asunto de orgullo; sino de necesidad prioritaria, de asegurar la supervivencia de la población necesitada de nutrientes.
El último informe de la revista BBC Mundo publicado el pasado 17 de marzo 2021 es simplemente aterrador y nos debe poner a reflexionar “sobre una posible hambruna en el llamado Corredor Seco de Centroamérica donde millones de personas están al borde del hambre y la pobreza extrema atizada por el Coronavirus y los desastres naturales”.
Geográficamente el Corredor Seco afectaría a las poblaciones ubicadas desde México hasta la parte noreste de Costa Rica, pasando por Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
La advertencia la hacen entidades internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que señalan que gran parte de la población en el Corredor Seco se encuentra “al borde de la hambruna.
En Costa Rica el alimento básico lo constituye el arroz, y es por la Ley 8285 que la Corporación Arrocera Nacional es la entidad rectora de la actividad arrocera.
Recientemente, los diputados aprobaron un proyecto de ley que condona ¢6.200 millones a beneficiarios del Sistema Banco de Desarrollo (SBD), entre los cuales destacan organizaciones que, al igual como lo pretende Conarroz, funcionaban como banca de segundo piso.
Apoyamos el perdón de deudas a los agricultores de todos los sectores y entre ellos a los arroceros.
La banca de segundo piso permitirá a Conarroz hacer una selección minuciosa de los beneficiarios con la asistencia de la prestigiosa firma KPMG Costa Rica -entidad multidisciplinaria que ofrece servicios de Auditoría, Impuestos y Asesoría a clientes locales e internacionales lo que asegura una repartición equitativa y justa de los dineros de SBD
Algunos diputados, que se opusieron a la condonación de deudas de los productores arroceros desconfiaron de los mecanismos de control, pero debemos decirles que Conarroz figura en el tercer lugar del ranking de transparencia de entre todas las instituciones públicas según la calificación de la Contraloría General de la República.
También apoyamos un proyecto de ley que avanza en el Congreso, con apoyo del Gobierno y que pretende tomar dinero de instituciones públicas para crear un nuevo fondo de subsidios económicos para los arroceros.
Se trata del expediente 21.404, introducido por la diputada Mileyde Alvarado, del Partido Restauración Nacional (PRN), junto con la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
Tanto los efectos de la pandemia como de desastres naturales hacen que pensemos en fortalecer la actividad arrocera para evitar la desaparición de un sector tal como ocurrió con los cultivadores de frijol.
Mantener la regulación del precio del arroz, aumentar la importación por desabasto y crear Fonaproarroz, son apenas algunas de las medidas vitales para lograr la ansiada soberanía alimentaria en estos momentos de incertidumbre económica e incremento de la pobreza.
Según el proyecto de Fonaproarroz, los subsidios no reembolsables para los productores de arroz se otorgarían a quienes quieran invertir en agrotecnología y en proyectos de adaptación al cambio climático.
Es urgente aumentar el número de productores que cultiven el arroz y también necesario que la tecnología sea la gran aliada para incrementar el área sembrada en las cinco regiones productoras de este grano.
Si Costa Rica se asegura su producción en una proporción mayor a la actual 60 -40 tendremos más desarrollo de los territorios rurales y una agrocadena más fuerte que reactive las zonas deprimidas por la actual crisis.
