Movimiento Cívico lucha por Ley Contra Usura



En Costa Rica la usura está tipificada como delito desde 1971, sin embargo no existe un instrumento jurídico que permita determinar cuándo una tasa de interés es desproporcionadamente alta y cuándo no. Dicho de otro modo, las autoridades judiciales no cuentan con un criterio que les permita calificar como usura una práctica de este tipo.

Cabe señalar, además, que Costa Rica es uno de los tres países latinoamericanos que más consume mediante tarjetas de crédito y, desafortunadamente, es uno donde el endeudamiento golpea de forma más dramática a la población.

Según el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en nueve años el mercado de tarjetas pasó de 1.326.754 a 2.984.769 plásticos en circulación. Asimismo, este ministerio concluyó, en octubre del 2018, que el saldo de tarjetas de crédito asciende a 1.465.061 millones de colones.

Daniel Vartanián, economista especialista en el tema, ha señalado que existe un proceso de sobrendeudamiento debido, por un lado, a las tasas de interés desproporcionadamente altas, y por el otro, a las cláusulas abusivas y a los cargos
que realiza el sistema financiero.

Días atrás la Asamblea Legislativa discutió un proyecto impulsado por el diputado
Welmer Ramos, el cual pretende regular este fenómeno y establecer un mecanismo que permita definir un límite para la usura. Dicho proyecto fue aprobadoen primer debate el lunes 27 de abril con una mayoría de 50 contra 2.

Estaba prevista su votación en segundo debate para el jueves 30 de abril, sin embargo los diputados Erick Rodríguez e Ivonne Acuña, junto a otros diputados, enviaron el proyecto a “consulta de constitucionalidad”. La Sala IV tiene ahora 30 días para analizar el proyecto y responder a la Asamblea.

Daniel Vartanián advirtió acerca de algunas señales que hacen despertar dudas respecto al procedimiento de discusión y análisis del proyecto por parte de la máxima instancia judicial: “Conocida la consulta en solo 17 minutos, y en el medio de una reunión de la Corte, el Magistrado Fernando Castillo estudió el recurso (90 paginas), resolvió que dos diputados retiraran su firma, que otro diputado firmara el recurso de consulta para completar el mínimo de 10 firmas, que no prestara atención a pronunciamientos sobre el rechazo de la consulta si no era firmada por diputados que hubieran votado en contra del proyecto, y además redactó la
admisibilidad de 6 páginas.”

Los diputados que enviaron el proyecto a consulta consideran que se violaron
procedimientos propios del trámite legislativo (publicación y consultas obligatorias) y, además, que la iniciativa podría vulnerar principios como la libertad de comercio y seguridad jurídica, entre otros.

Enorme deuda en Derechos Humanos.

Consultado por Charlemos, el diputado Welmer Ramos, principal impulsor de la Ley contra la usura manifestó que “Costa Rica tiene una deuda en Derechos Humanos muy grande en el tema de la usura. Hace 50 años el pais firmó la Convención Americana de DDHH y en ese tiempo no se ha condenado a personas por este delito.

Esgrimió que lo que está diciendo claramente es que ese es un déficit muy grande que tenemos y que principalmente va contra la gente de menores recursos, a los que son más desprotegidos. A los que por necesidad o por ignorancia deban incurrir en endeudamiento a tasas tan altas o muchas veces por ligereza”

El legislador oficialista precisó sobre este mismo tema, que esto es una deuda a saldar por este país con urgencia porque esto tiene que ver con la esclavitud financiera que es aprovecharse de otros.

Al ser consultado sobre la primera actuación de Sala Constitucional mencionó que desde su perspectiva, ella tiene que tomar en cuenta los vacíos enormes que tenemos en legislación y que esto lo que viene es allanar para hacer justicia.

El diputado Ramos adelantó que presentará a la respectiva Sala un documento público “haciendo ver que uno se puede referir a una consulta de Constitucionalidad; pero consulta significa plantear interrogantes, no es un litigio de constitucionalidad, no es una acción de inconstitucionalidad y con el perdón de los que redactaron esto, ahí no hay ningún interrogante al respecto”.

Surge Movimiento Ciudadano.

En las próximas horas circularán hojas para que cualquier diputado o ciudadano estampen firmas del documento base que se enviará a Sala Constitucional

En su petitoria final el documento especifica que “teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y en nuestra condición de Ciudadanos y Diputados impulsores del proyecto legislativo impugnado, formalmente solicitamos a la Sala Constitucional que declare SIN LUGAR la consulta legislativa facultativa que dio origen al expediente judicial N° 20007686-0007-CO, o en su defecto que la declare inevacuable por improcedente, con fundamento en los argumentos jurídicos que correspondan en criterio del Tribunal Constitucional, como en los motivos adicionales de legalidad constitucional que los suscritos alegamos supra”.