Víctor Morales asegura haber firmado decreto creyendo en su legalidad



“La firma, por parte mía, del decreto que fue derogado, respondía a la más absoluta convicción que (sic) el trabajo que se venía haciendo y lo que se estaba proponiendo para que se realizara y se formalizara ese trabajo estaba apegado a la legalidad existente”. Eso manifestó Víctor Morales Mora, ministro de Presidencia, durante su comparecencia ante la Asamblea Legislativa. Al ser consultado sobre la legalidad del decreto de la UPAD, Morales Mora insistió: “La firma que yo di a ese decreto está hecha y colocada dentro de la más absoluta convicción de que lo que tenía al frente era un decreto legal”.

En una dilatada sesión de casi dos horas, el ministro de Presidencia atendió las numerosas consultas de varios diputados y se refirió al polémico decreto. La diputada Corrales Chacón del Partido Liberación Nacional preguntó cuándo y quién definió el objetivo de creación de la UPAD, ante lo cual, Morales Mora respondió: “Lo que funcionó fue un equipo de trabajo dedicado al análisis y sistematización de datos, cuyo origen arranca en el interés del presidente de contar con información dura y sólida”. El ministro agregó, además, que él desconoce qué propósito tenía la creación de ese equipo ya que él, por ese entonces, ocupaba una curul. El ministro de Presidencia, al momento de ser conformado dicho equipo, era Rodolfo Piza Rocafort.

Según el penalista y profesor universitario, Federico Campos, aún cuando el Ministerio Público considere que la firma de ese decreto, en efecto, es contraria a la ley, sería necesario determinar la parte subjetiva del delito. “Todo delito tiene dos elementos, uno objetivo y otro subjetivo, el objetivo tiene que ver con que se lleve a cabo una acción que esté descrita en la norma como prohibida”, señaló Campos.

Y agregó: “Pero para que el delito se complete se requiere de la demostración de la parte subjetiva (…) No basta, para que el delito se consuma, que solo se demuestre la ilegalidad del acto o la prohibición penal, sino que se tiene que demostrar la parte subjetiva. Es decir, que la persona actuó con dolo. El dolo, a su vez, tiene dos elementos: conocimiento y voluntad. Esa parte subjetiva es la más difícil de demostrar”.

Campos considera que la derogación, casi inmediata, del decreto no necesariamente es una prueba tácita de que dicho decreto era delictivo. “Podría ser ilegal, pero no delictivo, ya que no todo lo ilegal constituye un delito”, apuntó. La derogación, según Campos, sugiere que existe una conciencia de la chambonada o incluso de la posible ilegalidad del decreto.

Según trascendió días atrás, el asesor jurídico del decreto que creó la UPAD fue Luis Salazar, Comisionado de Asuntos LGTBI. El señor Salazar, quien es hijo de Marta Iris Muñoz, exjefa de Defensa Pública y hermano de la fiscala Marcela Salazar Muñoz, renunció a su puesto como asesor jurídico tras el escándalo de la UPAD y ha mencionado en sus redes sociales que emprenderá acciones legales contra la Defensora de los Habitantes.